fidelsantana.jpg
Fidel Santana, diputado nacional por el Frente Amplio.
 

SANTO DOMINGO, RD. Un Proyecto de ley para la creación del PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA fue depositado este miércoles por el diputado nacional por el Frente Amplio, Fidel Santana con el propósito de garantizar la conservación de las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad ecosistémica y paisajística asociados a Loma Miranda.

El nuevo Parque Nacional tendría una superficie de 32 kilómetros cuadrados y busca proteger el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de Loma Miranda, que es un ecosistema muy singular de la Cordillera Central que atesora una inestimable riqueza biológica, donde se concentra la mitad de las familias de plantas conocidas o reportadas para la República Dominicana y el resto de la Isla Española, con especies animales únicas y niveles de endemismos que superan el 80% en algunos de los casos, y cuya sensibilidad y fragilidad ameritan de una protección y una atención muy especial para garantizar la conservación de este bien mayor de la nación.

El proyecto de Ley establece que Loma Miranda es una de las zonas productoras de agua de mayor importancia del país, la cual sirve de sustento para el desarrollo de la agricultura del principal granero agrícola de la República Dominicana, que es el Valle de la Vega Real, donde actualmente  son irrigadas unas 122,000 tareas cultivadas de arroz, principalmente, y, en segundo lugar, diversas especies de vegetales y otros rubros, además, es la fuente natural de alimentación de la Presa de Rincón, cuyas aguas sirven el acueducto que suministra el preciado líquido a San Francisco de Macorís, Salcedo, El Pino, Rincón, Jima, Fantino, Ranchito y decenas de comunidades  a lo largo del eje vial Incontrobas-Macorís; conjuntamente con la generación de 69 KW de energía hidroeléctrica permanente.

Loma Miranda y sus vecinas lomas la Manaclita y la Llovedera poseen inmensas alfombras de pinos criollos, bosques nublados y bosques de galería donde se generan los manantiales y fuentes acuíferas que luego se desprenden en forma de arcoíris para irrigar los valles de Bonao y La Vega Real y, como valor natural agregado de primer orden, también se hacen acompañar de unos paisajes de montaña de indescriptible belleza, y flora y fauna endémicas que pueden servir de soporte al desarrollo del ecoturismo, la educación ambiental y su pleno disfrute por la sociedad dominicana y visitantes extranjeros.

Para la reintroducción del proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda se ha tomado en cuenta que toda su riqueza natural puede ser arruinada parcial o totalmente si el Estado dominicano permite el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto o de cualquier tipo sobre su superficie, con el agravante de que no solo se afectaría el ecosistema y sus recursos naturales, sino que expondría a la intemperie los metales pesados del subsuelo o facilitaría el lavado de las rocas predominantes que como la laterita produciría la “ Sal de Cromo”, entre otras sustancias contaminadoras que terminarían alcanzando las fuentes de agua,  hasta hacerlas no aptas para el consumo humano y animal o para uso en la producción agropecuaria.

El proyecto de ley también toma en consideración que los daños ambientales inevitables que generaría un proyecto minero sobre las fuentes de agua, así como el daño a las riquezas naturales únicas presentes en Loma Miranda, a la enorme diversidad  biológica, a la agricultura y la pecuaria, a la salud humana y la calidad de vida, así como a las potencialidades ecoturísticas, recreativas y educativas que poseen los ambientes y paisajes naturales presentes en esta geografía asociada a la Cordillera Central, nunca serian compensables con los beneficios económicos que recibiría el Estado dominicano a cambio de la explotación minera en dicha loma.

El proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda fue reintroducido por el diputado Fidel Santana, y participan como co-proponentes las diputadas nacionales Besaida González y Ceila Licelot Encarnación M., así como los diputados veganos Fusto Ruiz y Agustín Burgos, Fidelio Despradel, entre otros.


PROYECTO DE LEY QUE CREA EL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA.


CONSIDERANDO PRIMERO: que la Constitución de la República, en el Capítulo III, De Las Atribuciones  del Congreso Nacional, en el Artículo 93, sobre Atribuciones, Numeral 2, sobre Atribuciones en materia de fiscalización y control, establece en el literal b) que el Congreso de la República debe  “Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en beneficio de la sociedad…”

CONSIDERADO SEGUNDO: Que el medio ambiente y los recursos naturales conforman los ecosistemas o espacios naturales donde se recrea la vida a partir de los bienes imprescindibles que aporta la naturaleza como garantía de la supervivencia, constituyendo la base a partir de la cual el ser humano y toda la sociedad pueden construir su bienestar y generar todo tipo de riquezas que garanticen una óptima calidad de vida a todos sus integrantes;

CONSIDERANDO TERCERO: Que los ecosistemas, su biodiversidad y los recursos naturales que los conforman, son bienes esenciales para la sociedad, razón por la cual es un deber y una responsabilidad insoslayable del Estado y sus instituciones, incluyendo los gobiernos municipales, así como también de cada ciudadano, garantizar su carácter patrimonial, y por ende, velar por su conservación y uso inteligente para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;

CONSIDERANDO CUARTRO: Que la soberanía nacional reside en la base de los recursos y riquezas naturales que posee el país y en el ejercicio pleno, autónomo y omnímodo del Estado dominicano para gestionarlos libre e incondicionalmente, para garantizar el bienestar común  de su ciudadanía, basado en los principios de justicia, transparencia, equidad e inclusión social, de modo y manera que sus beneficios alcancen al universo de la sociedad;

CONSIDERANDO QUINTO: Que Loma Miranda es un ecosistema muy singular de la Cordillera Central, el cual atesora una inestimable riqueza biológica, donde se concentra la mitad de las familias de plantas conocidas o reportadas para la República Dominicana y el resto de la Isla Española, con especies animales únicas y niveles de endemismos que superan el 80% en algunos de los casos, y cuya sensibilidad y fragilidad ameritan de una protección y una atención muy especial para garantizar la conservación de este bien mayor de la nación;

CONSIDERANDO SEXTO: Que Loma Miranda es una de las zonas productoras de agua de mayor importancia del país, la cual sirve de sustento para el desarrollo de la agricultura del principal granero agrícola de la República Dominicana, que es el Valle de la Vega Real, donde actualmente  son irrigadas unas 122,000 tareas cultivadas de arroz, principalmente, y, en segundo lugar, diversas especies de vegetales y otros rubros, además, es la fuente natural de alimentación de la Presa de Rincón, cuyas aguas sirven el acueducto que suministra el preciado líquido a San Francisco de Macorís, Salcedo, El Pino, Rincón, Jima, Fantino, Ranchito y decenas de comunidades  a lo largo del eje vial Incontrobas-Macorís; conjuntamente con la generación de 69 KW de energía hidroeléctrica permanente;

CONSIDERANDO SEPTIMO: Que Loma Miranda y sus vecinas lomas la Manaclita y la Llovedera poseen inmensas alfombras de pinos criollos, bosques nublados y bosques de galería donde se generan los manantiales y fuentes acuíferas que luego se desprenden en forma de arcoíris para irrigar los valles de Bonao y La Vega Real y, como valor natural agregado de primer orden, también se hacen acompañar de unos paisajes de montaña de indescriptible belleza, y flora y fauna endémicas que pueden servir de soporte al desarrollo del ecoturismo, la educación ambiental y su pleno disfrute por la sociedad dominicana y visitantes extranjeros;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que todos los bienes y servicios ecosistémicos descritos, que atesora y brinda Loma Miranda, pueden ser arruinados parcial o totalmente si el Estado dominicano permite el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto o de cualquier tipo sobre su superficie, con el agravante de que no solo se afectaría el ecosistema y sus recursos naturales, sino que expondría a la intemperie los metales pesados del subsuelo o facilitaría el lavado de las rocas predominantes que como la laterita produciría la “ Sal de Cromo”, entre otras sustancias contaminadoras que terminarían alcanzando las fuentes de agua,  hasta hacerlas no aptas para el consumo humano y animal o para uso en la producción agropecuaria;

CONSIDERANDO NOVENO: Que los daños ambientales inevitables que generaría un proyecto minero sobre las fuentes de agua, así como el daño a las riquezas naturales únicas presentes en Loma Miranda, a la enorme diversidad  biológica, a la agricultura y la pecuaria, a la salud humana y la calidad de vida, así como a las potencialidades ecoturísticas, recreativas y educativas que poseen los ambientes y paisajes naturales presentes en esta geografía asociada a la Cordillera Central, nunca serian compensables con los beneficios económicos que recibiría el Estado dominicano a cambio de la explotación minera en dicha loma;

CONSIDERANDO DECIMO: Que en el complejo de montañas que resulta ser zona de amortiguamiento del conjunto de ecosistemas que se congregan en Loma Miranda, desde hace cerca de cuarenta años están  en proceso de explotación dos frentes mineros que han generado importantes niveles de pasivo ambiental aun no remediados, teniendo como resultado significativos impactos ambientales que han deteriorado y disminuido la calidad del medio ambiente y los recursos hídricos y recursos ambientales o ecosistémicos, los aspectos físicos, sociales y la biodiversidad genéticas propia del aérea geográfica donde está enclavada Loma Miranda;

CONSIDERANDO DECIMO-PRIMERO: Que la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 declara al ser humano como el ente principal que debe ser protegido en la naturaleza, reconociendo  la presente y futuras generaciones de dominicanos como beneficiarios del  producto de los bienes y servicios ambientales que le puedan brindar los ecosistemas y las especies biológicas existentes, sin perjuicio del derecho a existir y a evolucionar de manera natural;

CONSIDERANDO DECIMO-SEGUNDO: Que es responsabilidad del Estado dominicano garantizar para las presentes y futuras generaciones la vegetación de bosque nublado y boque de serpentina, las cuales son altamente sensibles a pequeños cambios que puedan producirse por intervención del hombre, en particular por la actividad minera, y que es de prioridad  nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales;

CONSIDERANDO DECIMO TERCERO: Que en el Artículo 15 de la Constitución de la República se establece que “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación.”  De igual modo el único párrafo de este Articulo 15 dice: “Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémicas, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas  áreas”;

CONSIDERANDO DECIMO CUARTO: Que la Constitución de la República en su Artículo 66 establece como derechos colectivos y difusos la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;

CONSIDERANDO DECIMO QUINTO: Que en su Artículo 67, Sobre Protección al Medio Ambiente, Numeral 1, la Constitución de la República señala que: “Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano ecológicamente y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza”;

CONSIDERANDO DECIMO SEXTO: Que en su Artículo 67, sobre Protección del Medio Ambiente, Numeral 4, la Constitución de la República señala que:” En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su trasferencias, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si este resulta alterado…”,  lo que no ha sido cumplido satisfactoriamente en el caso de las explotaciones mineras que se iniciaron hace más de cuarenta años en el entorno de Loma Miranda, área geográfica ubicada entre las provincias de La Vega Real y Monseñor Nouel;

CONSIDERANDO DECIMO SEPTIMO: Que en su Artículo 194 la Constitución de la República señala como prioridad del Estado dominicano formular un Plan de Ordenamiento Territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático;

CONSIDERANDO DECIMO OCTAVO: Que es responsabilidad del Estado garantizar la conservación y protección de muestras representativas de los diferentes ecosistemas, del  patrimonio natural, de las comunidades bióticas, de las unidades biogeográficas, regiones fisiográficas, de la diversidad biológica y los recursos genéticos del país;

CONSIDERANDO DECIMO NOVENO: Que el Estado dominicano está en la obligación de proteger los recursos escénicos o paisajísticos y las formaciones geológicas o paleontológicas sobresalientes; los sistemas subterráneos, incluyendo sus acuíferos, ecosistemas y muestras de cultura indígena; de proporcionar oportunidades para la investigación científica, el monitoreo ambiental y la educación ambiental de la población; así como brindar oportunidades para la recreación, así como  el desarrollo del turismo basado en el principio de desarrollo sostenible;

CONSIDERANDO DIECINUEVE: Que en el Artículo 9 de la Ley 202-04 se reconoce la propiedad privada amparada en títulos inscritos legalmente en el Registro del Tribunal de Tierras, pero también se establece el dominio eminente del Estado sobre los mismos respecto de su derecho preferente de adquisición.

CONSIDERANDO VEINTE: Que Tribunal Constitucional, mediante Sentencia TC/0167/13, expediente  TC/-05-2012-0130, confirmó la Sentencia de Amparo número 00077/2012, dictada por la Tercera Cámara Penal, Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, de fecha doce (12) de octubre del 2012,en la que entre otras cosas establece que: “,,,. ordena la paralización de los trabajos en LOMA MIRANDA de la empresa Xtracta Nikel Falcondo por tratarse de reservas naturales que van en detrimento del medio ambiente que es un derecho fundamental de los más sagrados y que deben tomar como consideración el principio de prevención que esto orienta a que se eviten los daños y el principio de preocupación en virtud que debe haber con certeza una política para prevenir los daños graves…” (sic.)-

CONSIDERANDO VEINTIUNO: Que el Tribunal Constitucional, es órgano de cierre del ordenamiento jurídico interno, ya que es el intérprete y control supremo y último de la Constitución, y en aplicación del principio de oficiosidad ha incorporado los informes de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que ha evaluado positivamente para que Loma Miranda sea declarada en la categoría de Parque Nacional de la Unión Mundial para la Naturaleza. “De esa manera se crearía el Parque Nacional Loma Miranda, con el propósito primario de conservar sus enormes riquezas biológicas, proteger sus múltiples fuentes acuíferas, la Presa de Rincón, la calidad de las aguas de consumo humano, el desarrollo agrícola y el ecoturismo en aquellos escenarios especialmente de balnearios, saltos y cortinas de agua, así como en aquellos paisajes de belleza impresionante de los pinares y las hermosas vistas de los valles de Bonao y La Vega Real” (sic).-

CONSIDERANDO VEINTIDOS: Que el Tribunal Constitucional en una correcta aplicación de los derechos fundamentales establece en la precitada sentencia: “En ese sentido, al tener los derechos de libre empresa y el derecho al trabajo componentes individuales frente a derecho colectivo y difuso que representan las medidas para la preservación del medio ambiente, el cual como indicamos antes, tiene además un alcance supranacional, los dos primeros derechos deben ceder en su ámbito de protección frente al último siempre y cuando quede evidenciado que una actuación particular pueda tener o tenga efecto adverso e irreversible en el mantenimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y las subsistencia de seres humano”;

CONSIDERANDO VEINTITRES: Que la función del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y sus decisiones son definitivas e irrevocables de acuerdo a la Constitución Dominicana, proclamada el 13 Junio del 2015.

Vista: La Constitución de la República;

Vista: La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-00;

Vista: La ley No.85, del 4 de Febrero de 1931, sobre caza;

Vista: La No. 4378, Ley orgánica de Secretarias de Estado, del 10 de febrero de 1956;

Vista: La Ley No.5852, del 29 de marzo de 1962, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, y las leyes que la modifican y complementan;

Vista: La Ley NO.5856, del 2 de abril de 1962, sobre Conservación Forestal y Árboles Frutales;

Vista: la Ley No. 5914 del 22 de mayo de 1962, de Pesca;

Vista: la Ley No. 6 del 8 de septiembre de 1965, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI);

Vista: la Ley No. 55, del 22 de noviembre de 1965, que  instituye el Sistema Nacional de Planificación Social, Económica y Administrativa;

Vista: la Ley No.627, del 28 de mayo de 1977, que Declara de Interés Nacional el Uso y Protección, y su Adquisición, en caso necesario, por parte del Estado de todas o parte de las tierras comprendidas en las aéreas cordilleranas;

Vista: la Ley No 487, del 15 de octubre de 1969, de Control de la Explotación y Conservación de las Aguas Subterráneas;

Vista: la Ley NO.123, del 10 de mayo de 1971, que Prohíbe la Extracción de los Componentes de la Corteza Terrestre llamados arena, grava, gravilla y piedra;

Vista: la Ley No.146, del 4 de junio de 1971, Ley Minera de la República Dominicana;

Vista: la Ley No.67, del 29 de cumbre de 1974, que crea la Dirección Nacional de Parques;

Vista: la Ley No.114, del 3 de enero de 1975, que instituye el Parque Zoológico Nacional, como centro destinado al fomento de la educación, la investigación y la cultura, en lo que concierne a las ciencias biológicas en general, así como a la preservación de la fauna nacional;

Vista: la Ley No.632, del 28 mayo de 1977, que Prohíbe el Corte o Tala de Árboles o Matas en las cabeceras de ríos y arroyos que nutren las cuencas hidrográficas de todo el país;

Vista: la Ley No.290, del 28 de agosto de 1985, sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

Vista: la Ley No.291, del 28 de agosto de 1985,que modifica las leyes Nos. 211 y 705, de 1967 y 1982, respectivamente, sobre Manejos de Bosques y Aserraderos;

Vista: la Ley No295, del 28 de agosto de 1985, que declara de Alto Interés Nacional incluir en los programas de educación nacional la Necesidad de Conservar los Recursos Naturales del país;

Vista: la Ley No. 112-87, del 10 de diciembre de 1987, que establece el Servicio Forestal Obligatorio;

Vista: la Ley No.55-88, del 15 de junio de 1988, que modifica los artículos 6,8 y 10 de la Ley No. 290, del 29 de agosto de 1985, sobre Incentivo al Desarrollo Forestal.

Vista: la Ley No.216-98,del 5 de junio de 1998,que crea el Instituto Nacional de Protección Ambiental, como una dependencia de la Presidencia de la República;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No.550, del 17 de junio de 1982, que aprueba el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No.59-92, del 8 de diciembre de 1992, que aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono:

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No; 25-96, del 2 de octubre de 1996, que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológicas, suscrito por el Estado dominicano y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “ Cumbre de la Tierra “, en Rio de Janeiro, Brasil, en fecha 5 de junio de 1992;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No. 99-97, del 10 de junio de 1997, que aprueba la adhesión de la República Dominicana a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, de fecha 17 de junio de 1994;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No;.182-98, del 18 de junio de 1998, que aprueba el Convenio Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, suscrito en fecha 9 de mayo de 1992,entre la ONU y sus Estados Miembros;

VISTA: La Resolución del Congreso Nacional No.247, De 1998 mediante la cual se ratifica el Convenio Internacional para la Prevención de Descargas de Desechos por Buques (MARPOL 73/78);

VISTA: La Resolución No. 359-98, del 15 de julio de 1998, que aprueba el Convenio para la Protección y Desarrollo de Medio Marino en el Gran Caribe (Convenio de Cartagena);

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No. 301, del 11 de octubre de 1978, que dispone que la Dirección General de Foresta y la Dirección Nacional de Parques deberán coordinar  sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura y otras disposiciones;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No.32, del 27 de enero de 1978, que Crea e Integra el Consejo Nacional de Fauna Silvestre;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No.340-92, del 18 de noviembre de 1992, que crea e integra la Comisión Nacional para el seguimiento a los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo “ Cumbre de la tierra “;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo NO.183-93, del 24 de junio de 1993, que ordena la Creación de un Cinturón Verde que rodee el entorno urbano de la cuidad de Santo Domingo de Guzmán;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No.421-96, del 9 de septiembre de 1996,que declara el día 16 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No.138-97,del 21 de marzo de 1997.mediante el cual se Pone en Ejecución el Plan Nacional Quisqueya Verde, como el inicio de un proceso que impulse la voluntad y las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales para alcanzar el desarrollo sostenible;

VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo No203-98, del 2 de junio de 1998, que crea la Oficina Rectora de la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento;

                                     HA DADO LA SIGUENTES LEY:

Articulo 1.- CREACION DEL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA. Se crea el Parque Nacional Loma Miranda, con el propósito primario de conservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad ecosistémica y paisajística, mitigar los impactos del calentamiento global y la perturbación del clima, así como la preservación de las potencialidades intrínsecas de los recursos  ambientales naturales, capaces de garantizar su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad dominicana, mediante el desarrollo del ecoturismo, la recreación y la educación ambiental.

Articulo 2.- LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA. Los límites de m protegida son los siguientes: se establece como punto de partida la cota 200 msnm al sur del arroyo ramada en las coordenadas 340518 mE, 2117999 mN;  siguiendo esta cota topográfica por la ladera de loma pinar sucio en sentido este y sureste hasta la saliente topográfica en las coordenadas 344323 mE 2117452 Mn; pasando luego en línea recta el cauce del rio piedra hasta la misma cota 200 msnm en las coordenadas 344504 mE, 2116999; prosiguiendo en la misma cota por la ladea este de la Loma de la Manaclita y pasando por la cabecera del arroyo Yaquesillo hasta las coordenadas 345752Me,2115204 mN; cruzando en línea recta sobre el cauce del rio Jagüey hacia la ladera NORTE DE LA Loma Miranda en las coordenadas 345699 mE. 2115064 MN; continuando siempre por la cota 200 msnm hacia el sureste hasta las coordenadas 347351 Me, 2114070 mN; donde se asciende por la pequeña vaguada, en este punto hacia la cota 300 msnm en las coordenadas 347218 mE, 2113628 mN; siguiendo por esta misma cota en sentido sureste hasta la saliente topográfica sur de loma Miranda en las coordenadas 348378 mE, 2111440 Mn; descendiendo por la saliente hacia la autopista Duarte hasta 40 metros de la misa en las coordenadas 348635 Me, 2110961Mn;continuando luego por la cota 200 msnm al pie de Loma Miranda en sentido oeste hasta las coordenadas 347031 Me,2110326mN;pasando en línea recta al norte del cerro, para retomar la cota 300msnm en las coordenadas 346635 mE, 2110076mN;siguiendo la cota hasta las coordenadas 345767 mE, 2109817 Mn; pasando en línea recta por el cauce de la cañada Macarado hacia la confluencia del arroyo caño ancho con una cañada son nombre en las coordenadas 345306mE,2109643 mN; ascendiendo por la cañada sin nombre hasta su cabecera en las coordenadas 344766 Me,2111144 Mn; continuando por el firme en sentido noroeste hasta las coordenadas 343569 Me,2111809Mn;descendiendopor la saliente topográfica al oeste del arroyo Azafrán hacia la cota 700 msnm en las coordenadas 344233 Me,2112380 mN; siguiendo la cota en sentido noroeste cubriendo la cabecera del segundo afluente del rio Jagüey y la cabecera del rio Piedra hasta la carretera sobre el firme en las coordenadas 340548 mE, 21162288 Mn; descendiendo luego hacia la cota 600 msnm en las coordenadas 340597 Me, 2116594 Mn; continuando por la misma cota hasta las coordenadas 339164 Me, 2117339 mN; para luego descender hacia el punto de inicio, ´por la pequeña saliente, hasta las coordenadas 340518 mE,2117999 Mn.

PARRAFO 1-: Los límites a los que se refiere este artículo encierran una superficie de 32 kilómetros cuadrados. La base topográfica fue tomada de las hojas topográficas 1:50,000 del Institucional Geográfico Universitario y el dato horizontal es North American Datum of 1927 (NAD27).

PARRAFO 2-: La zona de amortiguamiento del Parque Nacional Loma Miranda es la misma establecida para todas las áreas protegidas que ostentan las categorías genéricas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que van de la I  a la IV, una franja de 300 metros que cubren una superficie de 10.75k2, que totalizan una área regulada de 42.75km2 para este parque nacional.

ARTÍCULO 3.- ADMINISTRACIÓN Y USO D LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTALES DEL PARQUE LOMA MIRANDA. El ministerio de medio Ambiente y Recursos Naturales como máxima autoridad ambiental del país, y los particulares, en acuerdo con co-manejo, convenios o contratos apegados a la legislación dominicana, serán responsables de garantizar la protección, preservación y uso adecuado y sostenible de la riqueza natural contenida en el Parque Nacional Loma Miranda, incorporando al ser humano y asegurando su usufructo a las presentes y futuras generaciones de las población dominicana.

ARTICULO 4.- CONSEJO DE GESTION, ADMINISTRACION Y DESARROLLO. La  gestión, administración y desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda se hará bajo la modalidad de co-manejo, regenteada por un Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo, integrado en el marco de la legislación dominicana, por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las organizaciones comunitarias e instancias civiles, eclesiásticas, y otras instituciones oficiales con responsabilidad en el área de medio ambiente y recursos naturales.

ARTÍCULO 5.- PLAN DE MANEJO INTEGRAL. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y máxima autoridad ambiental del Gobierno dominicano, formulará y elaborará en un plazo de 6 (seis) meses, el Plan de Manejo Integral de la zona declarada Parque Nacional Loma Miranda, colaborando estrechamente con el Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo creado mediante la presente ley.

ARTICULO 6.- GESTION DE RECURSOS. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales incluirá en su presupuesto anual los recursos necesarios para la protección y desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, para lo cual solicitará una propuesta al Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda.

Párrafo: Tanto el Ministerio como el Consejo de Gestión emprenderán cuantas acciones sean pertinentes con vista a obtener la debida protección y vigilancia de esta área protegida, así como el desarrollo y el pleno disfrute de sus potencialidades y recursos naturales por parte de la sociedad dominicana.

ARTÍCULO 7.- VIOLACIONES A LA LEY. Las violaciones a la presente Ley serán sometidas a lo establecido en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No.64-00, del 18 de agosto de 2000, particularmente en lo que señalan los capítulos I, II, III, IV, V y VI de dicha Ley, sin perjuicio de los que fuere aplicable de otras leyes y disposiciones legales.

ARTICULO 8.- DERECHO DE PROPIEDAD. Dado el hecho de que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, Incluyendo el área de los depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legitiman de más de un propietario, corresponde al poder Ejecutivo actuar sobre estos bienes con apego al Artículo 51 de la Constitución de la República, en especial en su numeral 1, que dice textualmente lo siguiente: “ Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley.  En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.”

ARTICULO 9.-FUENTES DE RECURSOS PARA RESARCIR DAÑOS A PROPIETARIOS PRIVADOS DE TERRENOS O POR OTROS CONCEPTOS. Para que el Estado cumpla con las obligaciones económicas que resulten de la aplicación de la presente ley, y como consecuencia de expropiaciones, declaraciones de utilidad pública o variación del uso y goce de la propiedad se adoptarán las siguientes disposiciones:

1-Se autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incrementar en un diez por ciento (10 %) el valor a pagar por concepto del otorgamiento de la licencia o permiso Ambiental aprobada a cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional o en su plataforma marítima de minerales y no metálicos, incluyendo la roca, el yeso, piedra caliza, mármol, materiales extraídos de la tierra o la plataforma marítima extraídos de la tierra o de la plataforma marina destinados a la fabricación de cemento, y otro que determine la legislación nacional.

2- Tomando en consideración los mandatos contenidos en el Capítulo IV de la Ley 64-00, el cual se refiere al Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que puedan derivarse de las violaciones a la Ley, se instituye la aplicación de una multa equivalente al doble del valor de mercado del aérea o territorio que haya sido impactado negativamente como consecuencia de la explotación de materiales metálicos y no metálicos, en el territorio nacional y su plataforma marítima.

PARRAFO: Los recursos económicos obtenido por los conceptos antes indicados en este artículo serán destinados a resarcir el pasivo ambiental que las actividades de exploración ocasionen al medio ambiente y los recursos naturales, así como a los fines de cumplir con la establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República respecto del derecho de propiedad privada, sin perjuicio de los compromisos contractuales acordados entre el Estado dominicano y la empresa o empresas autorizadas a la exploración de cualquier fuente de mineral metálico o no metálico en el territorio nacional y su plataforma marina, así como responsabilidad penal que puede derivarse de otros daños ambientales tipificados en la legislación dominicana.

 

DADA:

 

 

 

 

Fidel Santana

Diputado Nacional

 

Besaida González

Diputada Nacional

 

Ceila Licelot Encarnación M.

Diputada Nacional

 

Fausto Ramón Ruíz Valdez

Diputado La Vega.

 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

COMENTARIOS